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LA VIDEOVILANCIA EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS

ZONA VIDEOVIGILADA

 

Las difíciles coyunturas socioeconómicas actuales han favorecido el crecimiento de la delincuencia, los delitos contra el patrimonio ya supusieron el 35% según el balance publicado por el Ministerio del Interior sobre criminalidad entre los meses comprendidos de Julio de 2008 a Junio del 2009, fundamentalmente por estos motivos la  instalación de sistemas de seguridad con video vigilancia ha crecido exponencialmente en las Comunidades de vecinos.

Estas instalaciones deben tener muy en cuenta la regulación indicada por la Agencia Española de Protección de datos:

La captación y/o el tratamiento de imágenes con fines de vigilancia es una práctica muy extendida en nuestra sociedad.

La videovigilancia generalmente persigue garantizar la seguridad de los bienes y las personas o se utiliza en entornos empresariales con la finalidad de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.

 Ambas finalidades constituyen bienes valiosos dignos de protección jurídica, pero sometidos al cumplimiento de ciertas condiciones.

La utilización de medios técnicos para la vigilancia repercute sobre los derechos de las personas lo que obliga a fijar garantías.

 La videovigilancia permite la captación, y en su caso la grabación, de información personal en forma de imágenes.

 Cuando su uso afecta a personas identificadas o identificables esta información constituye un dato de carácter personal a efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de los datos de carácter personal (LOPD).

 La aplicación de la Ley Orgánica a estos sistemas plantea cierto grado de dificultad en todos los ámbitos.

Por una parte, el responsable debe ser capaz de identificar si el uso que hace de las videocámaras se encuentra sujeto a la Ley. Por otra, resulta complejo informar al titular de los datos y hacerlo con criterios homogéneos, comprensibles y fácilmente identificables.

Sin embargo, a diferencia de la videovigilancia desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que cuenta con legislación específica que la regula, la única regulación existente en el ámbito privado, la Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada no contiene indicaciones precisas en materia de protección de datos.

Y es evidente, y así lo ha subrayado en distintas sentencias el Tribunal Constitucional, que la videovigilancia es un medio particularmente invasivo y por ello resulta necesaria tanto la concurrencia de condiciones que legitimen los tratamientos, como la definición de los principios y garantías que deben aplicarse.

Por todo ello, y con la finalidad de adecuar estos tratamientos a la ley Orgánica 15/ 1999 se dictó la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Pero junto a la videovigilancia, vinculada a la seguridad o al control laboral, surgen nuevos usos y servicios basados en la captación y el tratamiento de imágenes registradas por videocámaras o webcams.

En los casos en los que estas imágenes pertenecen a personas identificadas o identificables resulta de aplicación la LOPD.

La Guía indicada a continuación, tratará de ofrecer indicaciones y criterios prácticos que permitan el adecuado cumplimiento de la legislación vigente en todos los casos:

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCION DE DATOS: GUIA PARA EL CIUDADANO

EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCION DE DATOS: GUIA PARA EL LA COMUNIDAD

FICHAS PRACTICAS:

FICHA PRACTICA DE VIDEOVIGILANCIA- INFORMACION GENERAL:

FICHA PRACTICA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS:

FICHA PRACTICA DE VIDEOVIGILANCIA EN MI VIVIENDA:

FICHA PRACTICA DE VIDEOVIGILANCIA EN MI PLAZA DE GARAJE:

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CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON FINES DE SEGURIDAD:

 En este ámbito deben respetarse y aplicarse los principios contenidos en la legislación vigente y en particular la LOPD, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (RDLOPD), aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y la10 Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Este cumplimiento se proyectará sobre distintos aspectos.

OBLIGACIONES INSCRIPCIÓN DE FICHEROS:

La utilización de sistemas de vigilancia mediante videocámaras puede dar lugar a la creación de ficheros.

El RDLOPD precisa en qué casos existirá un fichero: Fichero:

Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso.

 Ej. Si se utiliza un sistema conectado a un ordenador que almacena las imágenes en un disco duro, o en cualquier otro soporte informático, y permite localizarlas atendiendo a criterios como el día y/u hora de grabación, el cruce de imágenes, el lugar físico registrado etc.

Si el sistema de videovigilancia genera un fichero el responsable deberá notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma. Esto ocurrirá siempre que exista algún tipo de grabación.

 En caso de tratarse de ficheros de titularidad pública deberá procederse primero a su creación mediante disposición de carácter general publicada en el correspondiente diario oficial conforme a lo establecido en el artículo 20 LOPD para posteriormente proceder a su inscripción.

 Recuerde que la Agencia Española de Protección de Datos le facilita la inscripción mediante un modelo predefinido a través del sistema de Notificaciones Telemáticas NOTA.

 https://www.agpd.es/portalweb/canalresponsable/index-ides-idphp.php Hay sistemas que no registran imágenes y por ello la Instrucción 1/2006 señala que no se considerará fichero el tratamiento consistente exclusivamente en la reproducción o emisión de imágenes en tiempo real. Ej. Circuitos cerrados de televisión controlados mediante visualización en pantalla. Por tanto, no resulta necesario inscribirlos.

Sin embargo, esto no exime del cumplimiento del resto de deberes establecido por la LOPD y la Instrucción 1/2006 que se detallan en esta Guía. DEBER DE INFORMAR La información en la recogida de los datos es un elemento esencial del derecho a la protección de datos y por tanto su cumplimiento resulta ineludible.

Sin embargo las especiales características que se dan en la videovigilancia comportan el diseño de procedimientos específicos para informar a las personas cuyas imágenes se capten. La Instrucción 1/2006 incorpora un distintivo informativo cuyo uso y exhibición es obligatoria.

El distintivo se ubicará como mínimo en los accesos a las zonas vigiladas, sean estos exteriores o interiores. Debe tenerse en cuenta que si el lugar vigilado dispone de varios accesos se debe colocar en todos ellos al objeto de que la información sea visible con independencia de por donde se acceda. Puede obtenerse un modelo en:

 https://www.agpd.es/portalweb/canaldocumentacion/legislacion/normativa_estatal/ indexides-idphp.php#video 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS

 Además el responsable del fichero dispondrá de un impreso con toda la información a la que se refiere el artículo 5 LOPD.

Por tanto el impreso deberá informar al menos sobre:

La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

 La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

La identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante.

El impreso deberá estar disponible existiendo cuando menos la posibilidad de imprimirlo a petición del afectado.

La información del impreso podrá incorporarse al cartel anunciador y sustituirlo únicamente en aquellos casos en los que por su contenido y por la ubicación del mismo la información resulte legible e inteligible.

 Ej. Si el cartel se encuentra situado en puertas o lugares de acceso y ubicado dentro del campo de visión natural del afectado, esto es a la altura de sus ojos.

El uso de la señal y el impreso, no excluye la existencia de métodos adicionales de información que se añadan a los dos anteriores como publicación en web de políticas de privacidad, información a la representación sindical, notificaciones a los vecinos etc.

El uso de las instalaciones de cámaras y videocámaras debe seguir ciertas reglas que rigen todo el proceso desde su captación, almacenamiento, reproducción hasta su cancelación.

 El responsable deberá tener en cuenta los siguientes principios:

 Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad perseguida y el modo en el que se traten los datos.

 Ej. Resultaría claramente desproporcionado instalar una videocámara para vigilar el acceso a un garaje y utilizar sus características técnicas -movilidad, orientación, zoom etc.-con la finalidad de obtener imágenes del interior de los vehículos que circulan por la vía pública o de las comunidades de vecinos próximas.

 Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes.

Ej. Incluso en los casos en los que las videocámaras se utilicen para fines lícitos y legítimos el deber de información subsiste siempre.

El uso de instalaciones de cámaras o videocámaras sólo es admisible cuando no exista un medio menos invasivo.

Ej. No es necesario grabar a los estudiantes de una clase para realizar controles de presencia cuando bastaría el método tradicional de pasar lista.

Las cámaras y videocámaras instaladas en espacios privados no podrán obtener imágenes de espacios públicos.

Ej. Una videocámara utilizada con fines de seguridad privada situada en un edificio no debería tomar imágenes de toda la calle en la que éste se encuentre.

Podrían tomarse imágenes parciales y limitadas de vías públicas cuando resulte imprescindible para la finalidad de vigilancia que se pretende, o resulte imposible evitarlo por razón de la ubicación de aquéllas.

Ej. Si una cámara debe ubicarse necesariamente en la puerta de entrada de una entidad bancaria, o en la esquina de un edificio debería orientarse de modo que la parte de vía pública que recoja se limite al acceso vigilado sin recoger más porción de la vía pública que la imprescindible.

 No podrán captarse imágenes del resto de la acera o de la calle. En cualquier caso el uso de sistemas de videovigilancia deberá ser respetuoso con los derechos de las personas y el resto del Ordenamiento jurídico.

Ej. No sería admisible la captación de imágenes en espacios protegidos por el derecho a la intimidad como los interiores de viviendas cercanas, en baños o vestuarios o en espacios físicos ajenos al específicamente protegido por la instalación.

 Las imágenes se conservarán por el tiempo imprescindible para la satisfacción de la finalidad para la que se recabaron.

Ej. Como más adelante se señala en esta Guía la Instrucción 1/2006 sobre conservación de las imágenes con fines de vigilancia fija un plazo máximo de un mes.

 En los casos en que las imágenes se capten a otros efectos se someterá a la legislación específica aplicable.

CAMARAS SEGURIDAD

 

 

 

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Al Suelo con la “Clausula Suelo”

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¿Cómo afecta la  cuestión geográfica?

  • 23 audiencias provinciales abogan por autos con efectos retroactivos, mientras que otras 17 (manteniendo doctrina del Supremo) dictan resoluciones a aplicar desde su publicación
  • Los afectados deben tener muy en cuenta esta realidad antes de interponer una demanda
  • La banca está retirando sus recursos ante el TS por miedo a que éste se pronuncia a favor
  • Las entidades llegan a acuerdos con los hipotecados en las provincias con retroactividad

 

CLAUSULA SUELO

 

JORGE SALIDO COBO

La polémica cláusula suelo en las hipotecas está en jaque desde que el Tribunal Supremo (TS) emitiera en 2013 una sentencia condenatoria (auto que sólo afectó, sobre el papel, a tres bancos) por falta de transparencia en su comercialización. Por lo general, los jueces están siguiendo la jurisprudencia de nulidad de la cláusula marcada por el Supremo e incluso algunos estamentos jurídicos más allá, concediendo el carácter retroactivo a sus autos (la devolución de la banca de las cantidades cobradas) que no respaldó el TS, argumentado un criterio de seguridad jurídica para el sector bancario (hay miles de millones de euros en juego).

Desde que el TS tomara la palabra en el controvertido tema de las cláusulas suelo, los estamentos judiciales mayoritariamente han ido declarando de forma constante la nulidad de este suelo (tipo de interés mínimo a pagar en los préstamos). Sin embargo, desoyendo la doctrina del Supremo, contrario a la retroactividad, tanto juzgados de primera instancia como audiencias provinciales están abogando por dar la razón también con carácter retroactivo a los demandantes, que se cuentan por millones..

Esta posición favorable o contraria a la retroactividad en la sentencias depende de la provincia a la que se mire.

Ante esta variante realidad, la plataforma Denunciascolectivas.com ha elaborado el mapa de España de la retroactividad de la cláusula suelo.

Basándose en los autos emitidos por las audiencias provinciales y en el conocimiento sobre el terreno de sus más de 150 letrados, este organismo concluye que en 23 provincias prospera la retroactividad, mientras que en 17 es denegada por los jueces y en 12 aún no hay pronunciamientos judiciales al respecto.

‘Algunas audiencias provinciales, que inicialmente mantenían el criterio del TS, han modificado su postura’

Además, según puntualiza Javier Gastón, responsable de la plataforma de Denunciascolectivas.com, “se está produciendo, no sólo un posicionamiento a favor de la retroactividad, sino también una evolución en algunas provincias en las que las audiencias provinciales, que inicialmente mantenían el criterio del TS, han modificado su postura, como ha sucedido en Valencia o en Ciudad Real”. Gastón pone en valor el trabajo realizado por su empresa, calificando el mapa como una herramienta informativa idónea para que los afectados sepan a qué atenerse y qué hacer en cada provincia.

“Los bancos, cuando la Audiencia Provincial dicta retroactividad, no suelen recurrir las sentencias de los tribunales de primera instancia, que por lo general dictan la nulidad tanto de la cláusula como de sus efectos, lo que permite recuperar los intereses pagados de más”, apunta Gastón. Este experto incluso afirma que la banca ha retirado todos los recursos sobre retroactividad que había hecho llegar al TS después de que este tribunal deslizara a las entidades un posible posicionamiento favorable a la retroactividad en caso de tener que volver a tratar el tema. “La banca ahora lo último que quieren es que el Supremo vuelva a pronunciarse porque correrían el peligro de que la retroactividad se generalizara en toda España”, declara.

En opinión de Gastón, el mapa de Denunciascolectivas.com cumple la misión de informar a los afectados sobre qué camino tomar a la hora de denunciar: pedir la nulidad de la cláusula suelo y la retroactividad por separado (pudiendo conseguir la primera petición de manera rápida) o solicitar la nulidad y retroactividad en una misma demanda (sólo aconsejable en las provincias, en principio, favorables a la retroactividad). “En aquellas provincias en las que las Audiencia Provincial mantiene la doctrina del Supremo, se recomienda solicitar únicamente la nulidad de la cláusula y una vez conseguida realizar un segundo procedimiento para conseguir la retroactividad por la vía civil”, recomienda. “Es muy importante”, añade, “que los afectados sepan en todo momento cual es la situación real y las posibilidades de éxito de su reclamación”.

“Los procesos judiciales”, recuerda, “son procesos complejos y muchas veces los demandantes interponen demandas sin saber muy bien dónde se están metiendo”, apunta Gaston.

Pensando en la posibilidad de recurrir en las provincias contrarias a la retroactividad al TS, Gastón comenta que el Supremo suele respetar y mantener lo dictado por la Audiencia Provincial, por lo que puede conllevar sólo un coste en tasas judiciales y en costas. Pese a todo ello, Gastón indica que actualmente hay una demanda individual de un afectado de Ávila presentada en el TS pidiendo la retroactividad de un afectado que está dispuesto a llegar hasta el final a cualquier precio, rechazando incluso la oferta-pacto de su banco.

‘Casi un 80% de los casos en las provincias con retroactividad acaban en acuerdo antes del juicio’

Gastón aclara, en este punto, que “en casi un 80% de los casos planteados judicialmente en estas provincias (con luz verde a la retroactividad) terminan, si se hace bien el trabajo y se argumenta bien la demanda, con un acuerdo antes de llegar a juicio, permitiendo solucionar el problema en aproximadamente cuatro meses frente a los nueve ó 10 meses que se tardaría, en el mejor de los casos, si se entra en un proceso judicial”.

En estas fumatas blancas entre afectados y bancos normalmente el demandante perdona parte del dinero total que debería cobrar por la retroactividad por la devolución de los intereses cobrados indebidamente por la cláusula suelo.

Con esta mapa de la retroactividad sobre la mesa, los afectados pueden estudiar, como manifiesta Gastón, en qué Audiencia Provincial presentan la demanda, según la predisposición de ésta a aceptarla o no. Podría darse, por ejemplo, la circunstancia de que el hipotecado con suelo firmara la hipoteca en una provincia y al mismo tiempo estuviera empadronado en otra. En este caso, podría elegir dónde interponer su denuncia e ir directamente a la demarcación donde tiene las de ganar.

Selección de Noticias ofrecidas por  El Mundoen la Sección de Economía del 16/01/2015

 

 

 

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LA POBREZA ENERGÉTICA EN LAS VIVIENDAS

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La pobreza energética es definida por la Asociación de Ciencias Ambientales ACA, como una combinación de ingresos bajos, precios de la energía domestica elevada y mala eficiencia energética de la vivienda, se puede resumir como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Las causas que generan esta precariedad energética son diversas: bajos ingresos del hogar, calidad insuficiente de la vivienda, precios elevados de la energía, precios elevados de la vivienda, etc.Sus consecuencias en el bienestar son también variadas: temperaturas de la vivienda inadecuadas, incidencias sobre la salud física y mental (incluyendo mortalidad prematura de ancianos), riesgo de endeudamiento y desconexión del  suministro, degradación de los edificios, despilfarro de energía, emisiones, etc.

POBREZA ENERGETICA 2

 

CONTEXTO EUROPEO

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aprobó en 2011 un dictamen sobre “La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica” (Diario Oficial de la Unión Europea de 11 de febrero de 2011) en el que se proponía tener en cuenta la pobreza energética a la hora de elaborar cualquier propuesta de política energética y se afirmaba que mejorar la eficiencia energética en la construcción era un aspecto clave para abordar la pobreza energética, considerándola una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles.

Conscientes de la importancia de esta problemática, en septiembre de 2013 el CESE aprobó un nuevo dictamen “Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética” (Diario Oficial de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2013), en el que se recomendaban medidas como el establecimiento de un Observatorio Europeo de la Pobreza, centrado principalmente en la pobreza energética, la creación de un Fondo Europeo de Solidaridad Energética o el impulso de una campaña de información a nivel europeo sobre la lucha contra la pobreza energética y la solidaridad en este ámbito.También la Comisión Europea también instó a los Estados miembros a incluir el concepto de pobreza energética a la hora de orientar sus políticas energéticas y de protección de consumidores.

Prueba de ello son las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas que obligan a los Estados Miembros a desarrollar planes para abordar esta temática.

 

Por otro lado, según la FAO, la mitad de la población mundial depende de fuentes de energía de baja calidad basadas en la biomasa, como madera o los residuos de cultivos o de ganado, para satisfacer sus necesidades domésticas, (fundamentalmente cocinar y calentar el hogar), y se señala que reducir la ‘pobreza energética’ ha sido reconocido como el Objetivo ‘faltante’ de Desarrollo del Milenio. Estos desarrollos ponen de manifiesto que los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesitan alcanzarse mejorando al mismo tiempo la cantidad y calidad de servicios de la energía que los hogares, sobre todo los más pobres, reciben en la actualidad.

LA SITUACION EN ESPAÑA

 

En España, como en la mayor parte de los países a excepción de Reino Unido, no existen estadísticas específicas que aborden el estudio de esta problemática, si bien si existen fuentes estadísticas que permiten extraer indicadores para analizar su incidencia. Basados en dicha información disponible, en 2012, la ACA publicó el estudio “Pobreza Energética en España. Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas” elaborado en el marco del Proyecto REPEX, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la Fundación La Casa que Ahorra. En dicho estudio se puso de manifiesto que, en el año 2010  un 10% de los hogares españoles era incapaz de mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos y/o estaba dedicando un alto porcentaje de sus ingresos para satisfacer sus necesidades básicas (calefacción, refrigeración, cocina, iluminación, agua caliente sanitaria). Además, se pusieron de manifiesto las graves consecuencias sobre la salud que se derivan de habitar una vivienda a una temperatura inadecuada, que, en su versión más extrema llega a causar la muerte prematura de miles de personas cada año y se analizaron las políticas y medidas existentes para paliar esta situación.

 

La Comisión Europea ya ha empezado a incluir el concepto de pobreza energética a la hora de orientar sus políticas energéticas y de protección de consumidores. De esta manera, las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del mercado interior de electricidad y gas obligan a los Estados Miembros a desarrollar planes para abordar esta temática. Dicha trasposición está pendiente en España si bien Cataluña lo ha incorporado en su planificación energética para 2015.

 

El Estudio elaborado por ACA sobre la, fue elaborado en el marco del Proyecto REPEX ‘Rehabilitación energética de edificios, una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética’, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y con la colaboración de la Fundación La Casa que Ahorra.

 

La Asociación también en ofrecer soluciones para combatir la Pobreza Energética fomentando las políticas de mejora de la eficiencia energética en edificios y viviendas, así como concienciando a la sociedad sobre la existencia de dicha problemática y cómo resolverla. En 2014 ACA aportará una actualización de las tasas y continuará trabajando para analizar estrategias y medidas eficaces de lucha contra la pobreza energética.

 

EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA POBREZA ENERGETICA:

 

Vivir en una vivienda con temperaturas inadecuadas multiplica el riesgo de sufrir ciertas enfermedades y de morir prematuramente.

 

Ocupar una vivienda con bajas temperaturas durante el invierno, con moho y humedades tiene claros efectos sobre la salud, destacando entre otros, asma, artritis, reumatismo, depresión, ansiedad, etc.).

 

También sabemos que es una de las causas del aumento de la mortalidad en personas de más de 60 años por enfermedades cardiovasculares y respiratorias durante los meses de invierno.

 

“LA POBREZA ENERGETICA: ANALISIS Y SOLUCIONES”, nueva edición de MAS Consulting Trends

POBREZA ENERGETICA

 

La firma de asuntos públicos MAS Consulting ha elaborado un informe en el que analiza el fenómeno de la pobreza energética, un factor que marcará la actualidad política y mediática del país en los próximos meses. Con el objetivo  de participar en el debate generado en España, el informe MAS Consulting Trends: La pobreza energética: análisis y soluciones” presenta una historia de la evolución de este concepto en Europa, la forma de aproximación al mismo en el resto de países de nuestro entorno y destaca la responsabilidad de los poderes públicos en la generación, pero sobre todo, en la solución de la pobreza energética.

 

Puede descargar el informe AQUÍ

 

El documento también propone siete medidas que deberían desarrollarse en España con objeto de equiparar nuestro sistema de protección social al existente en la mayoría de países de la Unión Europea. Las tarifas sociales, la mejora de la eficiencia energética de los hogares, la información y la ayuda al consumidor vulnerable son los ejes de las acciones presentadas.

 

El informe ha sido coordinado por Diego Crescente, Asociado y Responsable de la División de Energía de MAS Consulting Group. Para Crescente “La solución a la pobreza energética pasa por una acción conjunta y coordinada de los poderes públicos, empresas y ciudadanos”.

 

El texto recoge una comparación de las diferentes legislaciones que, en materia de protección social, se realizan en la UE. Crescente señala que “una sociedad moderna no puede permitirse que haya ciudadanos que no puedan mantener una temperatura mínima en sus hogares. Las Administraciones Públicas deben establecer los mecanismos adecuados para corregir el problema. Conocemos las soluciones, ahora simplemente tenemos que aplicarlas”.

 

Según el responsable de energía de MAS Consulting Group, “entre las propuestas para su erradicación, una es especialmente relevante. No es una cuestión de que la luz sea o no cara. Es una cuestión de que hay ciudadanos que no pueden pagar ese precio y eso es lo que hay que solucionar. Simplemente aplicando un tipo de IVA reducido, similar al del agua, a los clientes  vulnerables conseguiríamos eliminar, en un alto porcentaje, la pobreza energética en España. Es una cuestión de voluntad, no de números.”

 

MAS Consulting Trends es un producto de análisis elaborado por el equipo de consultores de MAS Consulting Group que periódicamente aborda diferentes temas de actualidad nacional e internacional. Puede leer informes anteriores aquí.

 

INFORMACIÓN DE INTERES:

 

Para saber más acerca de la pobreza energética, sus implicaciones y su importancia:

 

  • “Estudio sobre Pobreza Energética en España. Potencial generación de empleo derivado de la rehabilitación energética de viviendas” desarrollado por la Asociación de Ciencias Ambientales dentro del marco del proyecto REPEX ‘Rehabilitación energética de edificios, una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética’, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y que cuenta también con la colaboración de la Fundación La Casa que Ahorra.
  • El estudio determina la situación de la pobreza energética en España en base a varios indicadores, distribuido por comunidades autónomas y en comparación con otros países de la Unión Europea, además de establecer también la relación entre Pobreza Energética y Paro.
  • Finalmente, también ofrece soluciones y propuestas, entre la que destaca la capacidad que posee la rehabilitación energética de viviendas para solventar dicha problemática así como la potencial generación de empleos que supondría una apuesta clara en esta solución.
  • Artículo publicado en la revista digital ITACAmbiental ‘Pobreza energética en España: Nuevos enfoques, antiguas realidades’, elaborado por Sergio Tirado, investigador doctoral en Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy (3CSEP) -Central European University (Budapest)- y vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA).
  • El artículo deja constancia de la importancia de la pobreza energética en términos sociales, ambientales y económicos, destacando cuestiones como la tasa de mortalidad adicional en los meses fríos debida a la pobreza energética.
  • Dictamen elaborado por el Comité Económico y Social Europeo sobre ‘La pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica’, documento en el que se ahonda en el concepto de la pobreza energética y se profundiza en el argumento de que la mejora de la eficiencia energética en los edificios es un aspecto clave para abordarla.
  • Por otro lado, destaca la importancia de incorporar, la pobreza energética en el diseño y desarrollo de políticas.
  • Proyecto European Fuel Poverty and Energy Efficiency (proyecto EPEE), en el que se realizó un análisis cuantitativo de la incidencia de esta problemática en varios países europeos.
  • Dictamen elaborado por el Comité Económico y Social Europeo sobre ‘ Por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética’ en el que se proponen acciones conjuntas a nivel europeo como campañas de información o la creación de un Observatorio de la Pobreza.
  • Estudio sobre la ‘Pobreza energética en Hungría: Una primera evaluación’ desarrollado, entre otros, por Sergio Tirado, investigador doctoral en Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy (3CSEP) -Central European University (Budapest)- y vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), es resultado del proyecto de investigación que está llevando a cabo en Hungría.
  • El estudio muestra datos reveladores sobre la situación existente en Hungría, realizando una aproximación sobre la extensión y la naturaleza de la escasez de combustible y ayudando a entender el papel que juegan tanto las empresas de servicios públicas como los gobiernos central y local.
  • Estudio ‘Diagnosis de las causas y de las consecuencias de la pobreza energética en Bélgica, Francia, Italia, España y Reino Unido’ elaborado en el marco del proyecto European Fuel Poverty and Energy Efficiency (EPEE).
  • En el estudio se abordan causas y consecuencias comunes en diferentes países europeos, caracterizados por realidades socioeconómicas, condiciones climáticas y calidades en sus edificaciones diferentes en todo caso.
  • Directivas  2009/72/CE y 2009/73/CE, del mercado interior de electricidad y gas. Ambas directivas obliga a los Estados Miembros a desarrollar planes para abordar la pobreza energética.
  • Blog de la Red de trabajo sobre la pobreza energética en Europa, ‘EU Fuel Poverty Network’. El blog, creado por Harriet Thomson, fundador de la red, se ha creado para fomentar el conocimiento sobre la pobreza energética en los Estados Miembros de la Unión Europea. Sus publicaciones son difundidas en la red social Twitter a través de @FuelPoverty_eu

Proyecto REPEX  “Rehabilitación energética de edificios: una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética”. Es un proyecto desarrollado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, que se realiza desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 1 de noviembre de 2012.

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Guía actualizada para Comunidades de Vecinos del Ayuntamiento de Madrid

Desde ADMINISTRACIONES HENARES, queremos incidir en la necesidad que para el correcto funcionamiento de una Comunidad de Propietarios tiene el conocer tanto los derechos y obligaciones que afectan a cada vecino como la ejecución de las obras, acuerdos o elementos comunes, entre otros.

Para aumentar este conocimiento damos publicidad, por ser una guia muy recomendable, util y de muy facil comprensión, a la recientemente actualizada “Guia para Comunidades de Vecinos” publicada por el Ayuntamiento de Madrid.

Tal y como se indica, esta guía trata de contribuir al correcto funcionamiento de las comunidades de propietarios, dando a conocer los derechos y obligaciones que un propietario asume al incorporarse a una comunidad, tratando de resolver las dudas relativas a las obras, acuerdos, elementos comunes o responsabilidades entre otras

Enlace a la página: http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UrbanismoyVivienda/Vivienda/GuiaComPropietarios/guiacomprop.pdf

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AYUDAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE CALDERA DE GASOIL EN CASTILLA LA MANCHA ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Desde Administraciones Henares, queremos poner en conocimiento de todos los interesados que tal y como llevamos gestionando en las Comunidades de vecinos que administramos, existen ayudas en Castilla La Mancha para la sustitución de la Caldera comunitaria por una más eficiente, estas ayudas están recogidas en la: Orden de 30/04/2013, de la Consejería de Fomento.

“Se convocan las ayudas del Plan Renové Salas de Calderas en Castilla-La Mancha 2013, por otras de mayor eficiencia energética, y se establecen las bases reguladoras de su concesión. [2013/6242].”

La Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética, siendo de aplicación a todos los sectores de actividad, primario, industrial, transporte, servicios y doméstico, tanto en la vertiente de producción como en la vertiente de consumo energético, en el seno de la planificación energética de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a efectos de dar cumplimiento a los planes, programas, y normativa de la Unión Europea y de España en materia de ahorro y eficiencia energética y de fomento de las energías renovables.

Consecuencia de lo anterior se ha ido desarrollando y ejecutando en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, programas de ayudas para la promoción del ahorro y la eficiencia energética, como el uso racional de energías renovables para dar consecución a lo marcado por la Ley 1/2007, anteriormente citada, así como para llevar a término los objetivos establecidos de ahorro y utilización eficiente de la energía, recogidos en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2099/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

El establecimiento de tales líneas de ayudas pretende promover un cambio en la concienciación social y uso de los elementos de la vida diaria, encaminados a obtener como una utilización eficiente y de ahorro de la energía y un uso racional de las energías renovables.

En este marco, adquiere singular importancia la promoción de medidas tendentes a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de calderas de alta potencia de consumos energéticos elevados, dada su importante repercusión en el consumo energético regional y en su medida equivalente, global, mediante la sustitución de dichas calderas, por otras nuevas con un rendimiento energético significativamente más eficiente. Razón por la cual se considera conveniente el impulso de un plan de ayudas específico que impulse su renovación.

Por otro lado, con la finalidad de garantizar el mayor alcance de la medida, el proceso de gestión de las ayudas se instrumentaliza mediante la participación de entidades colaboradoras directamente relacionadas con el sector de la instalación de calderas a cuyo efecto se prevé la articulación de los correspondientes convenios con dichas entidades, una vez culminado el proceso de selección de las mismas.

En el Capítulo II. Se establece el Programa de ayudas salas de calderas

Base 6ª.- Actuaciones subvencionables.

1. Se consideran como actuaciones susceptibles de ayuda:

a) Las sustituciones de calderas de alta potencia que utilicen cualquier combustible no catalogado como energía renovable, por otras calderas de condensación que utilicen gas natural o gases licuados del petróleo (GLP).

b) Las sustituciones de calderas de alta potencia que utilicen gasoil por calderas de condensación de alta potencia que funcionen con gasoil.

2. Para que dichas sustituciones se consideren subvencionables, deberán cumplirse los requisitos y condiciones que se relacionan a continuación:

a) Las nuevas calderas deberán ser instalaciones, con una potencia nominal comprendida entre 71 Kw y 1200 Kw, con altas prestaciones energéticas.

b) En cualquier caso, las calderas a instalar deberán ser las establecidas previamente por la Consejería de Fomento, como calderas eficientes pudiendo consultarse dicha información, en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es), sección Consejería de Fomento, o en su caso, del Servicio de Fomento Energético, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, que dispondrá de dicho listado de calderas, debidamente actualizado, a disposición de las empresas instaladoras adheridas.

c) Las calderas a instalar, objeto de ayuda, serán nuevas y han de tener como destino final su instalación dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

d) En ningún caso podrán acogerse al Plan la compra sin instalación, lo que se acreditará tanto en el modelo de solicitud de ayuda, como mediante el documento de factura emitido por la empresa instaladora adherida.

e) Las calderas sustituidas no serán de condensación, con la excepción del caso en que las mismas utilicen gasoil como combustible y se sustituyan por caderas de gas.

f) Las calderas sustituidas serán inutilizadas y retiradas por la empresa instaladora y entregadas a un gestor autorizado para la gestión de este tipo de residuos, debiendo acreditarse dicha entrega mediante certificación del gestor de residuos autorizado, en la que se identificará debidamente la caldera sustituida (al menos, marca y modelo), su procedencia, el gestor de residuos al que se le ha hecho entrega de la misma por parte de la empresa instaladora y la fecha de esta última.

g) El presente Plan solo podrá aplicarse a la sustitución de calderas que se encuentren en instalaciones debidamente legalizadas o regularizadas.

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h) La venta de la caldera deben realizarse dentro del periodo de vigencia de la presente Orden, por tanto solo serán actuaciones subvencionables la sustituciones de calderas que se produzcan desde la publicación de la presente

Orden de ayudas y hasta la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

i) Con carácter general, la sustitución de calderas conllevará una reducción de, al menos, el veinte por ciento del consumo de energía.

j) En el caso de comunidades de propietarios, deberán estar legalmente constituidas.

Base 7ª.- Criterios de concesión y cuantía de la subvención.

1. Las ayudas se concederán conforme al procedimiento de evaluación individualizada, estando las mismas supeditadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente, siguiéndose como criterio a efectos de priorización de las solicitudes, el de riguroso orden de entrada, hasta agotar el límite presupuestario asignado.

2. La cuantía de la ayuda individual será como máximo del 60 por ciento por del coste de la nueva caldera a instalar (IVA excluido) en función de la potencia térmica nominal, con el máximo establecido para cada uno de los tramos a continuación indicados.

Potencia Kw                                                                           Tope Máximo de Ayuda €

71-100………………………………………………………………………….…. 2.820€

101-150……………………………………………………………….……………3.720€

151-200…………………………………………………………………………….4.620€

201-250…………………………………………………………………………….5.220€

251-300……………………………………………………………………………. 6.690€

301-400…………………………………………………………………………… 9.150€

401-500.…………………………………………………………………………..10.950€

501-600……………………………………………………….…………………..11.850€

601-700……………………………………………………………………………12.750€

701-800………………………………………………………………….………..13.650€

801-1200……………………………………………………………….…………15.450€

Sólo será subvencionable la sustitución, por cada solicitante, de una única caldera. En el caso de que la caldera esté constituida por varios módulos se tendrá en cuenta para la determinación de la ayuda, la suma del término de potencia total obtenida con cada uno de los módulos.

3. Únicamente será coste subvencionable la sustitución de la caldera, quedando excluido por tanto su instalación o mano de obra.

4. Las citadas cantidades serán transferidas directamente por la Administración a los beneficiarios de las ayudas, una vez validadas las solicitudes formuladas y su documentación adjunta, tanto por la entidad colaboradora correspondiente como por la propia Administración, según el procedimiento descrito en la presente Orden.

Capítulo III. Procedimiento

Base 8ª.- Solicitudes y documentación de los interesados.

1. Los interesados que cumplan los requisitos establecidos en la base 2ª deberán cumplimentar la solicitud de ayuda conforme al modelo previsto en la presente Orden, cuyo formulario estará disponible en las empresas instaladoras adheridas al Plan.

2. Las solicitudes podrán presentarse por los interesados y remitirse por parte de los establecimientos adheridos a la entidad o entidades colaboradoras, desde el día en que dé comienzo la campaña de ayudas, el 28 de mayo de 2013 y hasta la finalización de la convocatoria el 1 de octubre de 2013, salvo agotamiento previo a dicha fecha del crédito consignado para las ayudas.

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3. La solicitud deberá firmarse por el solicitante o su representante legal, y por el representante de la empresa instaladora adherida, y deberá acompañarse de la siguiente documentación:

a) Copia del DNI o NIF del solicitante, así como en su caso, copia del DNI o NIF del representante y documentación por la que se confiera la representación. Para el caso de comunidades de propietarios además, copia del NIF/CIF de la comunidad.

b) Documentación acreditativa del domicilio fiscal en Castilla-La Mancha

c) Copia de la certificación del fabricante de la nueva caldera en la que se acrediten los ratios energéticos o documentación acreditativa equivalente.

d) Duplicado de la factura de adquisición de la caldera, firmada y sellada por la empresa instaladora adherida, en la que deberá reflejarse como mínimo:

1º.- Datos de la caldera nueva adquirida (precio, tipo, marca y modelo), indicando coste de la instalación, I.V.A. incluido, debidamente desglosado.

2º.- Fecha de la venta

3º.- Datos de la empresa instaladora adherida (NIF/CIF, DNI gerente empresa, domicilio social, dirección de la empresa o establecimiento de producción)

4º.- Datos del beneficiario (nombre y apellidos, DNI y domicilio).

5º.- Dirección de instalación de la caldera.

e) Certificación expedida por la empresa instaladora, en la que se acredite la instalación de la nueva caldera, así como la retirada de la caldera sustituida; debidamente identificadas (instalada y sustituida), mediante la referencia de su marca, modelo, tipo de combustible; así como la fecha y el lugar de la instalación.

f) Certificación expedida por gestor de residuos autorizado, acreditativa de la entrega, por parte de la empresa instaladora, de la caldera sustituida, para su gestión como residuo, en la que se identificará debidamente la caldera sustituida (al menos, marca y modelo), su procedencia, fecha y lugar de la entrega.

g) Fotografías de la caldera a sustituir previa a la retirada de la misma en su ubicación original y fotografías de la caldera nueva instalada.

h) En el caso de comunidades de propietarios, se presentará, además, certificación del Secretario de la misma, acreditativa de la condición de Presidente de la comunidad que ha firmado la solicitud, así como acuerdo adoptado por la Junta de Propietarios aprobando las inversiones requeridas y la solicitud de la subvención.

4. En las solicitudes no podrá haber coincidencia entre el DNI o NIF del beneficiario y DNI, NIF del gerente de la empresa adherida que ha procedido a la sustitución e instalación de la caldera.

5. A instancias de la persona interesada que haya solicitado y efectuado el cambio de caldera, la empresa instaladora adherida que efectuó la sustitución e instalación deberá emitir un certificado acreditativo indicando los datos de la caldera nueva adquirida y sustituida, fecha de recepción de la solicitud de la ayuda y fecha de envío de la solicitud y documentación anexa requerida a la entidad colaboradora para su tramitación ante la Administración.

Base 9ª.- Instrucción.

1. La empresa instaladora adherida al Plan elegida por el interesado procederá a dar de alta, vía telemática, la solicitud, previo acopio de toda la documentación exigida al efecto y que ha de acompañar a la misma.

Dichas empresas actuaran como depositarias de la documentación presentada, debiendo remitirla a la entidad colaboradora para su posterior envío a la Administración, una vez cumplimentada la misma en el plazo de los diez días siguientes a su diligenciado telemático a efectos de fecha de entrada en el registro único de la Junta de Comunidades de Castilla-LaMancha.

2. La entidad colaboradora remitirá respectivamente y con una periodicidad quincenal a la Dirección General de Industria,

Energía y Minas, las solicitudes dadas de alta por las empresas instaladoras adheridas para su supervisión, y pertinente verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente convocatoria. Si la solicitud no reúne dichos requisitos se comunicara a la entidad colaboradora a través de la aplicación informática pertinente, para que requiera fehacientemente y de manera acreditativa a la empresa instaladora adherida o al interesado, la subsanación o presentación de los documentos preceptivos.

3. No podrá procederse al abono de las ayudas sin que previamente haya sido dado de alta el formulario de solicitud telemática conforme a lo dispuesto en la presente Orden. De igual forma, no se tramitará y por consiguiente se procederá a su anulación a aquellas solicitudes cuya documentación aportada sea incompleta, o los solicitantes o equipos no reúnan los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

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Base 10ª. Obligaciones de la entidad colaboradora.

1. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en la legislación estatal y autonómica vigente en materia de subvenciones, son obligaciones especificas de las entidades colaboradoras las siguientes:

a) Comprobar que el solicitante cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria de subvención para ser beneficiario de la ayuda, que esta última es de la cuantía correcta, y que la caldera sustituida, como la nueva, reúne las condiciones establecidas para el acceso a la subvención, de conformidad con la documentación presentada; verificando, asimismo, que dicha documentación está completa e incluye todos los documentos relacionados en la base 8ª.

b) Llevar una ordenación interna de las solicitudes recibidas, dándoles una numeración seriada dentro de cada programa de ayudas, según orden de cotejo, a efectos de su control y posterior remisión a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

c) Comunicar a las empresas instaladoras adheridas así como a los propios solicitantes, mediante notificación que permita tener constancia de su recepción, previo examen de la documentación, las propuestas de denegación motivadas; concediéndoles un plazo de diez días hábiles para su subsanación en el supuesto de que la documentación presentada no esté completa o la misma presente errores subsanables. En cualquier caso, dicha propuesta estará condicionada a la posterior resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. A tal efecto, las propuestas denegatorias serán notificadas, a dicha Dirección General por la entidad colaboradora, mediante correo certificado, o mediante su presentación vía telemática a través del registro electrónico, en la página web www.jccm. es, mediante firma electrónica, y anotación en la aplicación informática habilitada al efecto.

d) Remitir a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con una periodicidad quincenal y por correo certificado,o mediante su presentación vía telemática a través del registro electrónico, en la página web www.jccm.es, mediante firma electrónica ,las solicitudes completas, previamente cotejadas, ordenadas, seriadas y fechadas con su envío, así como el listado en formato papel de las mismas. Se adjuntará asimismo con cada envió y en formato digital un listado sobre la relación de los beneficiarios (nombre, apellidos, DNI), empresa instaladora que ha efectuado el cambio, importe total de la sustitución.

e) Comunicar a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, con la mayor rapidez posible, cualquier incidencia relativa al desarrollo del procedimiento de gestión de las ayudas.

f) El resto de obligaciones que se estipulen en el convenio que al objeto se suscriba entre la entidad colaboradora y la Administración, conforme establece la Base 4ª de la presente Orden.

Base 11ª.- Resolución.

1. La persona titular de la Dirección General de Industria, Energía y Minas resolverá sobre la aprobación de las propuestas remitidas por las entidades colaboradoras, así como en su caso sobre las subvenciones correspondientes.

2. En cualquier momento, una vez aprobado el número máximo de solicitudes que sea posible aceptar en función de la disponibilidad presupuestaria, la Dirección General de Industria, Energía y Minas adoptará mediante la correspondiente resolución el cierre de la campaña. Dicha resolución se hará pública en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, como en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sección Consejería de Fomento, y en el aplicativo informático habilitado al efecto, para que las entidades colaboradoras informen de esta circunstancia a sus empresas instaladoras adheridas, así como a cualquier interesado que, con posterioridad al cierre del Plan, pretenda acogerse a las ayudas.

3. La Resolución, con la relación de beneficiarios y excluidos de las ayudas será objeto de publicación en el Diario

Oficial de Castilla-La Mancha, en el plazo de los cinco meses siguientes a la finalización de la campaña. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado la resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud a efectos de la interposición de los recursos administrativos procedentes.

4. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de dicha publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base 12.- Inspección y control

Las entidades colaboradoras, sus empresas instaladoras adheridas y los beneficiarios de las ayudas, estarán obligados a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del procedimiento de gestión de las ayudas.

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Asimismo, estarán sometidas a las actuaciones de comprobación del gasto realizado y de la ejecución del procedimiento que hayan de efectuarse por la Administración, bien directamente o través de una entidad externa especializada, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Sindicatura de Cuentas. A tales efectos deberán disponer de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente y los correspondientes justificantes de pago, durante un plazo de cuatro años.

Dicho conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la subvención concedida y garantiza su adecuado reflejo en su contabilidad.

Base 13ª.- Incumplimiento y reintegro de subvenciones

1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en las presentes bases, así como el falseamiento, la inexactitud o la omisión de los datos que sirven de fundamento a su concesión, o de las establecidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 74 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, dará lugar a la pérdida total de los beneficios obtenidos, sin perjuicio de otras responsabilidades, procediéndose en su caso a la revocación de las ayudas y al reintegro de las cantidades percibidas. De la misma forma, los beneficiarios estarán sujetos a lo dispuesto en las citadas normas, en lo relativo al régimen de infracciones y sanciones.

2. El incumplimiento grave de las bases de la convocatoria por parte de las entidades colaboradoras o de las empresas instaladoras adheridas, podrá dar lugar exclusión de este y sucesivos Planes de ayudas de la misma finalidad. La exclusión se acordará por Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y previo trámite de audiencia por plazo de 10 días. Dicha exclusión afectará a la empresa o sucesión de empresas, entendiendo que existe tal sucesión cuando se acredite vinculación o figuren como administradores o representantes de la empresa solicitante quien hubiese sido representante de la empresa excluida. Asimismo en caso de que existieran indicios de incumplimiento grave de las bases de dichas ayudas por parte de algún establecimiento adherido, de oficio o mediante denuncia, la Administración podrá bloquear el acceso a la aplicación informática necesaria para generar solicitudes de ayudas hasta que se realicen las actuaciones de comprobación necesarias para determinar el alcance del mismo.

Las actuaciones de comprobación deberán realizarse en el plazo máximo de 10 días, salvo impedimento por causa debidamente acreditada, tras el cual procederá el desbloqueo de la aplicación, o el inicio del procedimiento de exclusión.

3. Podrán ser considerados incumplimientos graves entre otros a efectos del párrafo anterior:

a) Respecto de las entidades colaboradoras:

1- La no remisión a la Administración en el plazo establecido de las solicitudes de ayudas tramitadas por las empresas instaladoras adheridas.

2-La no comunicación a las empresas instaladoras adheridas y a los solicitantes de las propuestas de denegación para su subsanación.

3- La no presentación en formato digital de las solicitudes tramitadas y datos relativos a las mismas.

4- El no facilitar a la Administración las comprobaciones encaminadas a garantizar la correcta realización del procedimiento de gestión de ayudas.

b) Respecto de las empresas instaladoras adheridas:

1- La no presentación del certificado del gestor de residuos

2- La sustitución de calderas en instalaciones no legalizadas o regularizadas, independientemente de que dicha consecuencia conlleve la no tramitación de la solicitud de ayuda.

3- La no emisión del certificado que acredite la remisión de la documentación a la entidad colaboradora a la persona interesada que lo solicite.

4- La no remisión en plazo a la entidad colaboradora de la solicitud de ayuda efectuada por el interesado.

5- La no presentación de la documentación fotográfica prevista en la letra g), punto 3º, de la base 7ª de la presente

Orden.

Base 14ª.- Incompatibilidad.

Las subvenciones objeto de la presente Orden son incompatibles con cualesquiera otras ayudas obtenidas para la misma finalidad, sea cual sea la Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de Organismo.

Miguel A. G-C, Administrador Colegiado 7.910

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Ojo con el recibo del Vado

Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid recomienda «prestar especial atención a la nueva fórmula de cálculo de la tasa de vados. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a emitir la liquidación de esta tasa correspondiente al ejercicio 2013, en la que se introduce un nuevo procedimiento de cálculo, después de que los tribunales «tumbaran» la anterior.

Según señala el Colegio de Administradores de Fincas, la nueva fórmula «cuantifica la cuota tributaria a partir del valor del metro cuadrado del suelo de la zona en la que se encuentra el inmueble, de la superficie del garaje y de la longitud del paso de vehículos». El procedimiento de cálculo, matizan, es correcto, pero hay que estudiar «si el valor del metro cuadrado de la zona se corresponde con lo publicado en la Orden, y si el valor de superficie construida y los metros lineales del paso de vehículos son correctos», explica Ángel Ignacio Mateo, secretario del Colegio.

Esta entidad asegura estar encontrando casos «en que el valor de la superficie del garaje no se corresponde con el valor real, porque el Ayuntamiento toma los datos del Catastro, actualmente en revisión, o situaciones en las que los metros lineales del paso de vehículos no es proporcional», añade.

El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid aconseja que en caso de que alguno de los parámetros que conforma la fórmula de cálculo fuera incorrecto, se interponga un recurso ante la liquidación de la tasa. «Así evitaremos que surjan nuevos problemas en torno a una ya polémica tasa de vados», apunta Mateo.

A este respecto, el Colegio recuerda que durante el primer trimestre de 2012 se hizo pública una Sentencia del Tribunal Supremo por la que se anuló la tasa vigente que se aplicaba desde el año 2006, y que representó incrementos de más del 300 por ciento como mínimo respecto al importe de la tasa que se abonó en el ejercicio 2005.

Según cálculos de la institución, «de 2006 a 2011 los contribuyentes madrileños, entre los que se encuentran las comunidades de propietarios, abonaron anualmente entre 900 y 2.250 euros más de media por la tasa de vados». En total, durante los seis años en que estuvo vigente la modificación anulada por el TS, los madrileños pagaron entre 5.400 y 13.500 euros más. «Cantidades indebidamente cobradas que únicamente han sido devueltas a los que interpusieron en plazo el recurso correspondiente», se lamenta Mateo.

El Uso de las Barbacoas en las comunidades de vecinos

 

Vamos a analizar un tema que aun no siendo todavía propio de estas fechas es muy conveniente tener en cuenta pues siempre genera problemas de convivencia.

Lo primero que se debe decir a este respecto, es que siempre conviene mantener una buena relación con el resto de nuestros vecinos y debemos ser en cierta medida transigentes, pues las barbacoas por regla general no se hacen todos los días. Ahora bien las barbacoas suelen ser una actividad clasificada dentro del concepto “actividad molesta, insalubre o peligrosas”, su contenido está recogido en el art.7 de la LPH, y por tanto pueden ser denunciadas por la comunidad, pueden infringir la normativa municipal o autonómica y además suelen estar prohibidas por las normas contra incendios, pues para hacer barbacoas se requiere cumplir una serie de requisitos legales que en algunos casos no se cumplen, pues estas barbacoas portátiles  se instalan en lugares peligrosos para la Comunidad.

Ateniéndonos al tenor literal del Art. 7.2 que dice “Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.

Si el infractor persistiere en su conducta el presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no previsto expresamente por este artículo, se substanciará por las normas que regulan el juicio de cognición.

[Este párrafo tercero de este apartado 2 ha sido modificado por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE núm. 7, de 8-1-2000), disposición final primera, apartado 1.]

Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el Juez podrá acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.

Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento.

 

[Este artículo está redactado conforme a la Ley 8/1999, de 6 de abril, de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, BOE núm. 84, de 08-04-1999, art. 4].

Desde ADMINISTRACIONES HENARES aconsejamos que antes de denunciar se acuda al administrador colegiado y al presidente para que según lo visto anteriormente este haga un requerimiento al propietario y la retire o se adapte a las normativas, La actividad de barbacoa se puede prohibir además si se incluye dentro de las normas de régimen interno, normas que se aprueban por mayoría simple que o bien ya existen o se pueden aprobar en una junta convocada al efecto.

Por tanto si no existe una norma Estatuaria en la Comunidad que prohíba las barbacoas y no se demuestra que pueden causar problemas a los vecinos colindantes, la utilización de barbacoas no puede prohibirse con facilidad.

Lo que resulta más evidente es que la evacuación de humo, gases, etc. debe producirse por  conductos que superen en  uno o dos metros la parte más alta de la vivienda colindante, todo según la Normativa de cada Comunidad Autónoma y Ayuntamiento, siendo necesario consultar cada caso.

En la Sentencia nº 847/2003 de Audiencia Provincial – Málaga, de 10 de Octubre 2003 se dice, entre otras consideraciones sobre el uso de las barbacoas:

“Es decir, la Comunidad en el supuesto de que se esté desarrollando una actividad que contravenga las disposiciones generales sobre actividades molestas podrá utilizar ésta vía, pero lo que la misma no puede impedir de forma absoluta es el uso de una barbacoa por si la misma fuera molesta para alguno de los vecinos de la Comunidad; ésta podrá, por ejemplo, compeler a un vecino para que se abstenga de escuchar música en su casa superando los decibelios permitidos por las Ordenanzas municipales, y molestando al resto de los vecinos, e incluso lo que podrá hacer es utilizar la vía del art. 7-2 L.P.H. si es que su aptitud es de desprecio hacia la Comunidad y al resto del vecindario; pero lo que la Comunidad no puede hacer es prohibir, dentro de la vivienda de cada uno, el uso de aparatos reproductores de música al vecindario por si alguna vez a alguno de ellos se le ocurre subir el volumen; o poniendo otro ejemplo, la Comunidad no puede prohibir el ejercicio profesional de la abogacía o de la medicina a un vecino que ostenta la titulación académica habilitante en su vivienda por el mero hecho de que el posible trasiego de clientes o pacientes pueda ser molesta al resto de vecinos, tal actividad tan solo podrá prohibirse si está expresamente prohibida en los Estatutos; en otro caso dicha prohibición carecería de ajuste legal; en definitiva, son los Estatutos los únicos que pueden prohibir a prevención cualquier actividad que pudiera ser molesta para el resto de los vecinos, pero mientras tal limitación al uso privativo de la vivienda no cuente con el apoyo de los Estatutos, cualquier restricción al disfrute de la propiedad será nula. Por lo tanto, si los Estatutos de la Comunidad demandada no prohíben de una forma expresa la instalación y uso de barbacoas, la comunidad no puede prohibirlas de una forma general, sino tan sólo por la vía del art. 7-2 de la LPH., y solamente la modificación de los Estatutos en el sentido pretendido por la Comunidad podría legitimar la limitación al dominio que trata de imponérsele al demandante y al resto de propietarios de las primeras plantas; y evidentemente, para tal modificación sería preciso que tal acuerdo se adopte por unanimidad, a tenor del art. 17-1 de la LPH, que dispone que “Los acuerdos de la Junta de propietarios se sujetarán a las siguientes normas: 1ª) La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad”.

Lo anterior nos ha de conducir a admitir el recurso de apelación, revocar la sentencia de instancia y, en consecuencia, declarar que el acuerdo adoptado por la Comunidad de propietarios en el punto 5 del Orden del Día en la reunión celebrada el día 14 de junio de 2.000 consistente en la prohibición del uso de barbacoas en las plantas bajas de las viviendas es nulo de pleno derecho por ir en contra de la L.P.H. y no estar prevista tal limitación en los Estatutos de la Comunidad demanda y no haberse adoptado por unanimidad de todos los vecinos de la Comunidad (art. 18-1-a) de la L.P.H.), así como por suponer un grave perjuicio para algún copropietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo” (art. 18-1-c) de la L.P.H.).”

Otro asunto más importante se produce cuando las barbacoas en zonas residenciales privadas se hacen en barbacoas de obra y casetas construidas junto a un muro que linda con las zonas comunes.

Las barbacoas que implican obras de albañilería están sometidas, a las pertinentes licencias urbanísticas además de respetar las normas estatutarias que rigen las Comunidades de vecinos en cuanto a seguridad, estética y convivencia, y si no cumple siendo por tanto ilegal hay que denunciarlo mediante el procedimiento anteriormente descrito..

    

                                D. Miguel Ángel Gómez-Casero E – Administrador Colegiado 7.910

                                     Ilustre Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

GASTOS INDIVIDUALIZABLES EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

                 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de los gastos individualizables en las comunidades de propietarios da lugar a mucha controversia.

Hay que tener en cuenta que no es posible  por muy acertado que se considere, que un gasto es individualizable, este se repercuta de forma unilateral sin que se den los 3 supuestos:

1.- Fijación en Estatutos

2.- Titulo Constitutivo

3.- Acuerdo por unanimidad.

La redacción de la Ley es clara en cuanto que obliga (art. 9.1, e) LPH) a cada propietario a contribuir, con arreglo a su cuota de participación o a lo especialmente establecido, a los gastos generados por las responsabilidades “que no sean susceptibles de individualización”, o lo que es igual, solo es posible acudir a la pauta contributiva de la cuota de participación en el supuesto de que los gastos por razón de servicios, tributos, cargas y otros conceptos “no sean susceptibles de individualización”.

Hay que distinguir los gastos generales, que dan lugar a la obligación de contribuir a los mismos según la cuota de participación, y los gastos particulares, que se satisfarán de acuerdo con lo previsto en los estatutos de la comunidad, o, en su defecto, según lo pactado.

Pero la determinación de lo que es objeto de gasto individualizable no se puede decidir de forma unilateral por la comunidad según entienda que un gasto es individualizable.

Doctrina jurisprudencial:

El Tribunal Supremo resuelve esta cuestión en Sentencia de 29 de mayo de 2009, rec. 720/2004, que recuerda que para que quepa considerar como individualizables determinados gastos, es preciso que se determine la exclusión en el Título Constitutivo, o, en su caso, en los Estatutos comunitarios y, también, es factible su decisión en junta de propietarios mediante acuerdo tomado por unanimidad.

Y la STS de 14 de marzo de 2000 concreta que el art. 9.5 LPH permite que determinados gastos puedan tener consideración de individualizables, y que actúa como excepción a la regla general, ya que permite al propietario de un piso o local determinado a no abonar concretos gastos.

La determinación de lo que es objeto de gasto individualizable no se puede decidir de forma unilateral por la comunidad

Pero se insiste también en esta sentencia por el TS que para que se produzca esta especie de privilegio contributivo, es preciso que en el Título Constitutivo aparezca la exclusión o, en su caso, en los Estatutos comunitarios y también cabe que se decida en Junta de Propietarios mediante acuerdo tomado por unanimidad, en razón a la concordancia del art. 5 con el 16 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Y es que la jurisprudencia del TS así lo ha entendido, al tener en cuenta que prevalece el principio de autonomía contractual y en el caso que analizaba esta sentencia no concurría autorización titular, estatutaria o comunitaria alguna, por lo que rige la obligatoriedad del pago del referido art. 9.5, ya que el mero hecho de no uso o utilización de determinados elementos comunes o que el local tenga acceso independizado, no exime del deber de abonar los gastos conforme a la cuota participativa.

En idéntico sentido, la STS de 16 de noviembre de 1996 recuerda que han de cumplirse las disposiciones estatutarias y para su modificación se requiere la unanimidad. Igualmente, constante doctrina jurisprudencial no ha considerado individualizables los gastos comunes, salvo que se haya concretado su exclusión en el Título Constitutivo o los Estatutos, o fueran aprobados en Junta de Propietarios mediante acuerdo tomado por unanimidad.

Casos prácticos:  algunos casos respecto al concepto de gasto individualizable:

1.- El gasto de ascensor no puede ser individualizable, salvo casos concretos en los que el ascensor lo quiere poner una persona a falta de acuerdo asumiendo el pago global.

La Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, en sentencia de 12 junio de 2009, recuerda que “no es posible compartir el criterio del recurrido y actor sobre que el gasto del servicio del ascensor sea individualizable porque para así afirmar vuelve a partir del criterio del “uso” que ya se ha dicho que es legalmente rechazable.

Como apunta la mejor doctrina para que un gasto tenga la consideración de individual es necesario que la comunidad quede al margen de sus beneficios y tal no se puede predicar del servicio del ascensor sin perjuicio de que, como demuestra la realidad, pueda darse la previsión estatutaria de su exclusión para determinados comuneros precisamente teniendo en cuenta el uso previsible de ese elemento común o servicio”.

2.- Las costas procesales en los casos en los que el demandado haya sido beneficiado de la justicia gratuita no se le pueden imputar luego en junta como “gasto individualizable”, salvo que se acuerde en junta que en estos casos se determine como gasto el de las costas de la comunidad que no se han podido satisfacer cuando el comunero ha acudido con justicia gratuita.

3.- ¿Qué hacer cuando un comunero causa un daño en la comunidad? ¿Lo introducimos como gasto individualizable y se le reclama por gastos?

No, es una reclamación directa al comunero por los daños causados, pero no se le puede incluir como gasto individualizable porque haría falta el acuerdo y no hace falta acordar incluirlo como gasto, sino que es un daño y como tal se le tiene que reclamar tras acuerdo en junta de propietarios que autorice al presidente para ejercitarla si no lo abona voluntariamente tras pasarle la factura de los daños causados.

D. Vicente Magro Servet

Presidente de la Audiencia Provincial de Alicante

¿PUEDE UN PROPIETARIO DE PLAZA DE GARAJE Y NO DE VIVIENDA HACER USO DE UNA PISCINA COMUNITARIA?

La piscina es un elemento común de los edificios, que en ocasiones plantea situaciones complicadas y problemáticas, como son las relativas a quién puede usarla, a cuántas personas se puede invitar, qué horario es el más adecuado, etc.

Para solventar la situación en la que se encuentran aquellos edificios en los que existiendo plazas de garaje libres y locales comerciales, se plantea si sus propietarios como miembros de la comunidad general del edificio tendrían derecho al uso y disfrute de la piscina.

Normalmente el Título Constitutivo o los propios Estatutos suelen regular esta situación y ser clarificadores a este respecto, y en estos casos lo habitual es que exista una norma en la que se exprese de forma clara que estas propiedades no sólo están excluidas del uso de la piscina, sino también y en consecuencia de la contribución en su mantenimiento. Es evidente que si a un propietario se le priva del uso de un servicio, estará exento de contribuir a los gastos que se deriven del citado servicio.

En ocasiones incluso se les excluye de la propiedad del elemento común, y se le asigna única y exclusivamente a las viviendas.

El problemas surge si en los estatutos falta esa clausula y la de exclusión de pago del servicio, en cuyo caso podría entenderse que sí tienen ese derecho. No obstante, la comunidad, con las mayorías legales necesarias, podría excluir a estos propietarios de ese derecho, existen sentencias recientes que apoyan este criterio, al dar validez a acuerdos de prohibición de acceso a la piscina a propietarios solo de plazas de garaje, al estimar la jurisprudencia que la piscina u otra instalación especifica de recreo sirve al mejor uso y disfrute de quien habita en el inmueble.

En varias sentencias se confirma que lo importante es determinar si el título constitutivo de la Comunidad X” obliga a la misma a permitir que el propietario de una plaza de garaje que no lo sea de la vivienda, use y disfrute de las piscinas de dicha comunidad; y por ende si el acuerdo de  la Junta que impide a la parte recurrente propietario de una plaza de garaje sin ser titular de una vivienda a utilizar la piscina común, debe ser declarado nulo.

Pues bien, de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida, y derivados de una simple lectura de la escritura pública de obra nueva y división horizontal, se desprende lo siguiente y así reza literalmente:

-a) los vehículos que aparquen en las cocheras de la planta baja tendrán acceso a través de la parcela para entrar o salir de aquellas;

-b) son elementos comunes la parcela y las piscinas de adultos y niños.

Si a lo dicho se une que el uso de una piscina comunitaria siempre ha de entenderse, por pura lógica, como para el uso y disfrute de los titulares de las viviendas de la comunidad; y que desde luego el dueño de una plaza de garaje, que no es titular de una vivienda, nunca puede utilizar un elemento común de la comunidad que nada tiene que ver ni sirve para una mejor utilización de una plaza de garaje. Con ello, se comprende lo dicho anteriormente.

Se puede asimismo poner como ejemplo lo que se desprende de la sentencia de esta Sala de 4 de octubre de 1994 , cuando dice que el portal como elemento común de la comunidad, no puede ni debe ser usado por los titulares de una plaza de garaje para acceder al mismo, cuando existe una entrada “ad hoc” para ello. Lo cual es perfectamente transferible al caso presente.

Y en el presente caso para la utilización de la plaza de garaje -como ya se ha dicho- no es necesario utilizar o disfrutar de la piscina comunitaria…

¿LOS PROPIETARIOS AUSENTES EN LA JUNTA PUEDEN IMPUGNAR UN ACUERDO?

La impugnación de los acuerdos tomados en una Junta de propietarios es objeto de controversia habitual en una comunidad de vecinos y su correcta aplicación a veces concita dudas, aunque la legitimación y el plazo de tiempo para ejercitar este derecho esta establecido en el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal (L.P.H. 49/1960, de 21 de julio modificada por Ley 8/1999 de 6 de abril, pensemos ahora en el propietario que no puede acudir a la última junta de vecinos y no sabe si puede impugnar uno de los acuerdos adoptados porque considera que es contrario a sus intereses y donde se aprobó la contratación de un servicio de Conserjería, un gasto que en los tiempos que vivimos podría ser considerado de superfluo y que se podría evitar,

¿Qué puede hacer el propietario que no asiste a la junta ni delega el voto por encontrarse por ejemplo enfermo?

El artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal regula la impugnación judicial de los acuerdos adoptados, el propietario puede impugnarlo aunque no haya estado presente en la junta, también es un derecho que pueden ejercer los que estuvieron presentes y votaron en contra o “salvaron el voto”.

El plazo es de un año si el acuerdo es contrario a los estatutos o la ley (por ejemplo si se ha aprobado dicho acuerdo por una mayoría inferior a la establecida en la LPH que para este caso es de 3/5 partes) y tres meses.

En el resto de los casos este plazo comienza a contar para los propietarios presentes desde el momento en que se levanta la sesión; para los ausentes, desde que el acta les es notificada.

Otro supuesto que puede presentarse es la legitimación que tienen los propietarios morosos para impugnar un acuerdo ya que según la LPH, es requisito imprescindible para poder ejercitar esta acción estar al corriente de pago con la única excepción de aquellos acuerdos que afecten al establecimiento o alteración de las cuotas de participación.

Normativa Aplicable art. 18 L.P.H.:

1. Los acuerdos de la Junta de Propietarios serán impugnables ante los tribunales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal general, en los siguientes supuestos:

a) Cuando sean contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad de propietarios.

b) Cuando resulten gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios.

c) Cuando supongan un grave perjuicio para algún propietario  que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho.

Como hemos comentado anteriormente, estarán legitimados para la impugnación de estos acuerdos los propietarios que hubiesen salvado su voto en la Junta, los ausentes por cualquier causa y los que indebidamente hubiesen sido privados de su derecho de voto.

Para impugnar los acuerdos de la Junta el propietario deberá estar al corriente en el pago de la totalidad de las deudas vencidas  con la comunidad o proceder previamente a la consignación judicial de las mismas.

Es necesario indicar que esta regla no será de aplicación para la impugnación de los acuerdos de la Junta relativos al establecimiento o alteración de las cuotas de participación a que se refiere el artículo 9 entre los propietarios”.

La acción caducará a los tres meses de adoptarse el acuerdo por la Junta de propietarios, salvo que se trate de actos contrarios a la ley o a los estatutos, en cuyo caso la acción caducará al año. Para los propietarios ausentes dicho plazo se computará a partir de la comunicación del acuerdo conforme al procedimiento establecido en el artículo 9″.

La impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios”.

Artículo 17.1….”se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes de la Junta, debidamente citados, quienes una vez informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 9, no manifiesten su discrepancia por comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción”.

Por Miguel Angel G-C. E.